(10-Agosto-2023) Las medidas coercitivas unilaterales se han convertido en una limitación para que las venezolanas y los venezolanos puedan alcanzar y satisfacer sus derechos económicos, sociales y culturales; por eso deben considerarse como “crímenes de lesa humanidad”.
Tal afirmación corresponde al Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien en una entrevista radial en el programa Despierta Maracaibo, indicó que para Venezuela el bloqueo económico representa una violación a los derechos humanos fundamentales, por cuanto son los pueblos de los países en desarrollo las víctimas de estas medidas impuestas por los países poderosos.
En este sentido, recordó el máximo representante de la Institución Nacional de los Derechos Humanos en el país que son más de 930 sanciones las impuestas a Venezuela por Estados Unidos y otros países que están en esta línea, lo cual también ha impactado de forma negativa en el intercambio económico y comercial entre las naciones.
“Es una cosa no solo evidente sino manifiesta como están haciendo ese ataque sistemático contra la población civil venezolana, especialmente a la más vulnerable; es decir contra las personas con alguna discapacidad, que sufren de alguna enfermedad, las mujeres o los niños y las niñas”, dijo el Defensor.
Asimismo, Ruiz recordó como algunos voceros del gobierno de Estados Unidos y el mismo ex presidente de esa nación Donald Trump han dicho que esas medidas coercitivas unilaterales han sido diseñadas para hacer el mayor daño posible, donde más le duele a la población venezolana, con el objeto de producir un colapso en el país con el fin de apoderarse de los recursos naturales de la nación, especialmente el petróleo.
El Defensor del Pueblo citó como ejemplo, que debido al bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela, la Fundación Simón Bolívar de Citgo suspendió todo convenio con hospitales internacionales. Esto significa que cesó la ayuda médica, dirigida a las niñas y niños con patologías crónicas y que eran operados en centros asistenciales de Italia. Con la Fundación Simón Bolívar también se cubrían las operaciones, los tratamientos y la estadía internacional y, ahora quedaron sin ayuda, subrayó.
Ruiz cuestionó que las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos no solo se dirigieron contra la petrolera estatal venezolana para que no ingresaran recursos al país, sino que también alcanzó a personas que quisieran vender o comprar productos venezolanos, incluyendo alimentos y medicinas.
“Lo peor de un asedio económico, es ir contra los alimentos y contra las medicinas, lo cual vulnera el deber de los Estados de respetar la autodeterminación e independencia de las naciones y actuar conforme al Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos”, precisó el Defensor del Pueblo.
El máximo vocero de la Defensoría del Pueblo recordó que Venezuela remitió ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) los hechos que en su conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo venezolano, como consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas ilícitas adoptadas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, documentado por los relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas al menos desde el año 2014. Pero aún Venezuela no ha recibido respuesta alguna a esta denuncia, agregó el Defensor. FIN/PRENSA Defensoría